Firma Digital Avanzada

La firma electrónica es un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, con el propósito de identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, tal y como si se tratara de una firma autógrafa.

La firma electrónica brinda seguridad a las transacciones electrónicas de tal forma que se puede identificar al autor del mensaje y verificar que éste no haya sido modificado.

El uso de la firma electrónica se basa en estándares internacionales de infraestructura de claves públicas (o PKI por sus siglas en inglés: Public Key Infrastructure) en donde se utilizan dos claves para el envío de mensajes:

• ·         La clave privada que únicamente es conocida por su propietario y sirve para cifrar los datos.

• ·         La clave pública, disponible para consulta de todos los usuarios de la infraestructura, con la que se descifran datos.

Un certificado digital es un documento electrónico mediante el cual un tercero confiable garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad y su clave pública.

Las transacciones electrónicas en México han encontrado el desarrollo de una regulación jurídica, el cual les otorga la seguridad necesaria para el impulso y perfeccionamiento de los negocios electrónicos en nuestro país.

Las dependencias del gobierno federal que utilizan firmas electrónicas para la presentación de trámites son:

• Banco de México 
• Secretaría de la Función Pública
• Secretaría de Economía
• Instituto Mexicano del Seguro Social

El Senado aprobó por unanimidad el dictamen que expide la Ley de Firma Electrónica Avanzada, la cual fue turnada a la Cámara de Diputados.

Se prevé que pueda ser utilizada en documentos electrónicos y en mensajes de datos. Con la firma electrónica avanzada, ambos tipos de archivos tendría la misma validez y los mismos efectos que los que tienen firma autógrafa, así como valor probatorio.

Eso cambiaría la forma en la que el ciudadano interactúa con las dependencias de gobierno, pues con la nueva ley deberán aceptar el uso de mensajes de datos y la presentación de documentos electrónicos si los particulares manifiestan su preferencia por su uso.

El dictamen busca mejorar trámites y servicios públicos, sus procedimientos, evitar la discrecionalidad e incrementar la transparencia.

Con esto se podrá inhibir la práctica de actos de corrupción, reducir la discrecionalidad, incrementar la transparencia y hacer más eficiente la gestión gubernamental.